BOLETÍN FORO SOCIAL

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sábado, 12 de abril de 2008

QUIEREN NUESTRO PATRIMONIO.

Debemos garantizar: enseñanza y educación, sanidad y red hospitalaria, Seguridad Social y pensiones, medios de comunicación, agua, electricidad, gas, transporte público, medio ambiente... y mucho más. ¡STOP a la privatización de los servicios! ¡Paremos el Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC)!".
¿Qué es el Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (AGCS)? Es un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) cuyo propósito es someter casi todas las actividades de la vida humana: desde el sector inmobiliario hasta la recogida de basura, pasando por el agua, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, los servios sociales como la sanidad y las pensiones, la enseñanza a todos los niveles, la información y la cultura. Lo único que se libra "todavía" de la privatización es: el Banco Central, la Judicatura y la Policía y la defensa nacional. La OMC vigila con plenos poderes jurídicos la aplicación de sus acuerdos firmados por los países miembros: 144 países en el 2002, o sea, el 97 % de la población mundial. La función principal de este acuerdo estriba en establecer normas cuyo valor jurídico está por encima de la legislación nacional vigente en los países miembros, lo que requiere que los gobiernos nacionales adapten su legislación a ellas. Al igual que otros acuerdos de la OMC, el propósito del AGCS es la desregularización del comercio y la privatización. Se trata de un acuerdo clave para las grandes multinacionales, ya que en la actualidad los servicios representan ya el 25 % del valor del comercio internacional, y con tendencia al alza...Consecuencias del AGCS: En teoría los consumidores deberían beneficiarse de un aumento de la competencia, pero en la práctica el efecto combinado de la privatización y de la liberalización no conlleva necesariamente tal competencia; de hecho la puede restringir. Hasta ahora la experiencia evidencia que las compañías privadas que han comprado los servicios privatizados (como Endesa o Telefónica) han conseguido un monopolio sin ninguna posibilidad de regulación del gobierno. La compra de servicios esenciales por parte de empresas privadas y multinacionales supone que los servicios pasen a manos de gestores sin rostro. Motivados únicamente por el ánimo de lucro y libres del control de ciudadanos y gobiernos legitimados por las urnas, burlan las leyes con artimañas legales propias de la delincuencia más refinada. Hasta ahora en todos los casos que conocemos de privatizaciones de empresas estatales (o sea, nuestras), lo único que ha mejorado han sido sus beneficios empresariales a costa de: pérdida de puestos de trabajo, sueldos más bajos, aumento de tarifas al consumidor, jornadas más largas (excesivas), subcontratación por Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que precarizan aún más las condiciones laborales, deterioro de la continuidad y calidad de los servicios prestados, explotación incontrolada de los recursos naturales, desamparo legal (estas empresas son más grandes que los estados y tienen "sus leyes" al margen de cualquier Carta o Declaración de Derechos Humanos). Son muy conocidos algunos casos de privatizaciones en nuestro país: "El decreto Boyer" no fue otra cosa que la liberalización de las viviendas y el resultado es que han subido los precios en más de un 650 % desde su aprobación. La electricidad (después de un proceso sigiloso para que no nos diéramos cuenta) desde hace un par de años está privatizada. Consecuencia: somos el país de la UE que tiene las tarifas más altas. Endesa domina gran parte del mercado y su servicio ha empeorado; todos recordamos apagones que a veces han durado varios días. La Sanidad Pública (también maquillando la operación) está siendo traspasada a "empresas colaboradoras" y trasladando los ambulatorios , situándolos en zonas muy poco accesibles para personas mayores. Nuestros políticos, al vender los servicios públicos están cometiendo un delito contra los derechos humanos. La Carta de los derechos humanos de la ONU, en sus Art. 22- 30 dice:"Acceso a agua, sanidad gratuita, educación gratuita, vivienda, alimentación, servicios sociales. No asiste derecho alguno a ningún grupo a realizar actos para la supresión de algún derecho." Y los países ricos no seremos los más perjudicados. Tenemos que pensar también en aquellas personas del mundo para los que es muy difícil el acceso a los servicios esenciales Sería otra vuelta de tuerca al expolio al que sometemos a esos países. En el Foro Social de Segovia exigimos parar esta locura, exigimos que se nos respete como ciudadanos, que se respeten nuestros derechos democráticos. Entre todos podemos cambiar este estado de cosas, exijamos:Que se proteja debidamente el derecho de acceso para todos a los Servicios Públicos, tanto en el Norte como en el Sur.El control democrático de los presupuestos de los ayuntamientos y del estado.Que se suspendan las negociaciones actuales sobre liberalización de servicios (AGCS), para poder evaluar los impactos sociales, económicos y de género que implican tanto el nivel actual de liberalización como el propuesto para el futuro.Que las negociaciones del AGCS se rijan por principios de control democrático, transparencia y acceso a toda la documentación.Que se excluyan los Servicios Públicos del AGCS: servicios tales como educación, sanidad, agua, comunicaciones, electricidad, transporte y seguridad no pueden quedar sujetos a la competencia del mercado internacional. ¡Entre todos lo conseguiremos, únete a la campaña PAREMOS EL AGCS!



martes, 8 de abril de 2008

Crónica de la traición


El 19 de abril de 2007 se hizo público el“Pacto de desbloqueo” de la Ley de la Memoria Histórica entre IU y PSOE. Esta fue la primera y más importante traición de IU a las asociaciones memorialísticas y de víctimas del franquismo, ya que hasta entonces se había auto-erigido garante defensor de sus principales reivindicaciones, entre las que se encontraba como innegociable, la nulidad de pleno derecho de los juicios sumarísimos. Llamazares pacto entonces el desbloqueo de la ley, aceptando que se declarasen ilegítimos los tribunales represores, cayendo en la más absoluta inmoralidad al vender –aun se desconoce el precio-, el único remedio moralmente aceptable para un Estado llamado democrático, que es la declaración de ilegalidad de estos tribunales, lo que devendría por inercia en elreconocimiento jurídico de las víctimas, además abriría una vía jurídica para liquidar una vergonzosa causa pendiente del Estado español, la ilegalización del régimen franquista.
Inmediatamente surgieron las declaraciones y manifiestos de los colectivos afectados, que mostraron un profundo rechazo ante el “Pacto de desbloqueo”, calificándolo de deshonroso, injusto y cobarde.
IU, no fue el único grupo que traicionó sus principios por 30 monedas, al tiempoque se debatía la ley de la memoria en el Congreso, fructificaban entre bambalinas las negociaciones entre el Gobierno y los Partidos Parlamentarios. La principal moneda de cambio fue la devolución del Patrimonio Histórico. Llegado el 31 de octubre, es aprobada la Ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los partidos, -incluso el PP vota a favor de 7 preceptos-, excepto la honrosa oposición de ERC que mantiene su firme rechazo a una Ley que posterga la impunidad del régimen franquista.
Pero la lista de traiciones no acaba ahí, aun quedaban por aflorar las más inesperadas sorpresas. Desde la aprobación de la Ley hasta hoy, asociaciones memorialísticas y colectivos republicanos han ido cambiando el firme rechazo a la Ley, por la aceptación a título personal de que es injusta, pero rehusando a pronunciarse oficialmente en contra, mas utilizando argumentos exculpatorios como el que la ley es insuficiente. En esta ocasión las 30 monedas vienen disfrazadas de subvenciones.
Entonces nos encontramos con que los valores republicanos, están siendo defendidos y condicionados por partidos y asociaciones como IU, PCE, UCR, ARMH, etc, que aceptan de buen grado la impunidad del régimen franquista, la paridad entre Gobierno Republicano y sublevados, y la perpetua ignominia de las víctimas, a cambio de DINERO, queriendo ahora quitarse la suciedad de la cara argumentando con el desarrollo de la Ley, a sabiendas que en dicho desarrollo no cabe la verdad, ni la justicia, ni la reparación, por ser principios contrarios a la propia ley de la memoria.Cabe pensar si los escasos grupos que aun conservan la dignidad, deberían hacer causa común, delimitando la unidad de la izquierda a aquellos colectivos que defiendan los principios básicos sobre los que se debe asentar una verdadera democracia, siendo totalmente incompatibles, aquellos que no condenen la ley ideada para perpetuar, por siempre jamás, la impunidad de los asesinos fascistas y el desamparo de sus víctimas.Si la unidad en la construcción de la III República tiene que estar ligada a estos traidores, que se venden a la primera de cambio, traicionando a nuestro principal referente democrático, mejor dejar las cosas como están. No se puede esperar nada bueno teniendo como compañeros de viaje a gentede esta calaña.
Como salida a este atrolladero, y como dinamizador llamamiento a filas, queda exigir a personas y colectivos la condena expresa de la Ley de Memoria Histórica, o proseguir con el inicuo juego, vendernos también y añadir nuestro granito de arena como impuesto contributivo, para matar a la izquierda, que basándonos en datos empíricos es lo que están haciendo y con éxito, PSOE-IU-PCE -¡por la unidad!- desde hace 30 años.La guerra está servida Jose Luis García Romero de Alhama republicana (Para Kaos en la red)

domingo, 6 de abril de 2008

COMUNICADO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y MANIFESTACIÓN

Hemos recurrido legalmente la decisión de la Delegación de Gobierno y esperamos poder realizar una breve concentración con carácter totalmente pacífico este Sábado, sin caer en ningún momento en la provocación de la prensa y la Policía. Creemos que este momento nos obliga a reivindicar nuestros derechos más básicos y poner en evidencia la campaña de criminalización que el Gobierno está impulsando contra los movimientos sociales y la conciencia antifascista madrileña.
Hace poco más de dos semanas conocíamos a través de la prensa que el denominado sindicato ultraderechista Manos Limpias ha pedido la ilegalización de la Coordinadora Antifascista de Madrid por, según ellos, “promover una serie de actos vandálicos e ilegales“. Ahora esta iniciativa se hace más evidente con una nueva prohibición de la Delegación de Gobierno, esta vez contra la concentración de este 5 de abril en Tirso de Molina convocada por la Coordinadora bajo el lema “Contra la criminalización de los movimientos sociales. Construyendo organización popular”.
Las tres últimas solicitudes de legalización de una manifestación o concentración por parte de la Coordinadora Antifascista de Madrid han sido prohibidas. Manos Limpias llama a la ilegalización y el Gobierno aparentemente calla; sin embargo en la práctica la Coordinadora Antifascista no tiene posibilidades de legalizar movilizaciones, produciéndose lo más parecido a una ilegalización de facto.
Esto ocurre después de que durante semanas hayamos tenido que soportar la manipulación de los medios de comunicación burgueses, que han tratado de desacreditar las expresiones antifascistas de vecinos y jóvenes que han salido a la calle a protestar contra los valores xenófobos, por la solidaridad y contra las organizaciones neonazis que ni siquiera tras el asesinato de Carlos Palomino han dejado de campar a sus anchas por las calles de Madrid.
La concentración de este 5 de abril contaba con el respaldo de más de un centenar de colectivos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, estudiantiles, ecologistas, medios de comunicación alternativos y otros muchos grupos que pretendían acompañar un acto de unidad y pluralidad contra la criminalización de los movimientos sociales y en favor de la construcción de organización popular frente al fascismo.
Ahora comprobamos que los nazis pueden entrar en Tirso de Molina legalmente y escoltados por la Policía. Mientras tanto, para entrar en la misma plaza, que por cierto es históricamente antifascista, los movimientos sociales sufrimos prohibiciones y criminalización.
Una vez más, se premia a los verdugos y se castiga a las víctimas.
Ante esta aberración política de la Delegación de Gobierno, hemos recurrido la prohibición y esperamos poder realizar una breve concentración con carácter totalmente pacífico este Sábado, sin caer en ningún momento en la provocación de la prensa y la Policía.
La maquinaria mediática lleva semanas engrasada para poner al mismo nivel a antirracistas y racistas, vinculándonos con la violencia indiscriminada y buscando en consecuencia nuestro aislamiento social. El objetivo es fracturar el apoyo social que la causa antifascista está recabando. Frente a la unidad, represión. Por eso no debemos caer en las provocaciones de la prensa y la Policía. NO PERMITAMOS QUE LAS CÁMARAS ENCUENTREN LA CARNAZA QUE ESTÁN BUSCANDO DESESPERADAMENTE.
La prohibición de la Delegación de Gobierno llega fuera de plazo (legalmente debería haber llegado hace más de una semana), saltándose sus propias leyes, lo que significa que este Sábado las autoridades querrán convertir Tirso de Molina en una “foto de los disturbios” para justificar aún más la represión. Para ello son capaces de utilizar cualquier tipo de artimaña y provocación. NO LO VAMOS A PERMITIR.
Llamamos a reivindicar pacíficamente nuestros derechos más básicos dando un ejemplo de compromiso y responsabilidad. Llamamos a defender la libertad de expresión y manifestación, a contribuir a la construcción de organización popular frente al fascismo y frente a la criminalización de los movimientos sociales.

Madrid, 4 de abril de 2008
COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MADRID