El oportunismo político del Gobierno aprovecha la coyuntura económica para endurecer su política migratoria, acentuando todavía más la vulnerabilidad del colectivo inmigrante. Amparados bajo el discurso mediático de la crisis, incentiva el retorno disfrazándolo de ayudas al codesarrollo; incrementa las detenciones arbitrarias de personas en situación irregular; e instrumentaliza al colectivo inmigrante en función de intereses exclusivamente económicos, perpetuando así su situación de exclusión.
La aprobación el pasado 19 de noviembre de 2008, del Anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería es un paso más hacia la violación de los derechos fundamentales del colectivo inmigrante y aunque la Ley en sí misma es digna de denuncia pública, merece la pena destacar ciertos aspectos, por su especial incidencia en el bienestar de las y los inmigrantes:
- Se obstaculiza la reagrupación familiar de las y los ascendientes exigiendo que la persona que reagrupa cuente con autorización de residencia de larga duración; y que la o el ascendiente reagrupado tenga más de 65 años. Esto supone una vulneración clara del derecho de reagrupación y una barrera más para conseguir una plena integración del colectivo inmigrante. Todas y todos necesitamos de la familia.
- No contempla la asistencia letrada a menores en los procesos de repatriación y se menciona la expulsión en el caso de que sean infractoras o infractores, contraviniendo la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. El Gobierno criminaliza a las y los menores inmigrantes olvidando ante todo su condición de menores.
- Aumenta el tiempo de internamiento en los CIES de 40 a 60 días, atentando contra el derecho fundamental a la libertad y tan sólo por una infracción administrativa; con el agravante de que no cuentan con una regulación única y central, lo que causa mayor vulnerabilidad entre las y los internados.- Se añaden nuevas infracciones graves como promover la permanencia irregular de las y los extranjeros y consentir su inscripción en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya su domicilio real. Esta medida les cierra la puerta de acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y la educación.
- El anteproyecto de reforma atenta contra los colectivos sociales y la ciudadanía en general, al convertir la actividad de lucha por la integración en una infracción administrativa grave penalizada con 501 a 10.000 euros por cada una de las personas que apoyamos.
Ahora más que nunca, desde los agentes sociales sumamos nuestras voces para EXIGIR:
- Que el gobierno retire el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, ya que implica un retroceso absoluto en los derechos del colectivo inmigrante obstaculizando su plena integración.
- Que las organizaciones sociales participemos activamente en la elaboración de un proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, real y digno. Un proyecto que signifique un verdadero avance en el reconocimiento de los derechos de las y los inmigrantes y donde ni las organizaciones sociales ni el colectivo inmigrante sean criminalizados.
- Que las administraciones asuman su responsabilidad en la tutela de las y los menores inmigrantes proporcionando los medios para garantizar su protección y su plena integración.
- Que se cierren los 9 Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) existentes en España, ya que constituyen una vía de represión y marginación de personas que sólo han cometido una falta administrativa y, en ningún caso, un delito que merezca como pena la privación de libertad.
- Que se despenalicen total y absolutamente la labor social de acogida, acompañamiento e integración que brindamos los agentes sociales a las y los inmigrantes; sobre todo a aquellos en mayor situación de vulnerabilidad: los que se encuentran en la coyuntura de ser ‘irregulares’.
Ante el contexto político migratorio que se presenta con este anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, los colectivos sociales seguiremos reivindicando la no discriminación y la equiparación de derechos. No cesaremos en la denuncia del endurecimiento de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras.
FORO SOCIAL
La aprobación el pasado 19 de noviembre de 2008, del Anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería es un paso más hacia la violación de los derechos fundamentales del colectivo inmigrante y aunque la Ley en sí misma es digna de denuncia pública, merece la pena destacar ciertos aspectos, por su especial incidencia en el bienestar de las y los inmigrantes:
- Se obstaculiza la reagrupación familiar de las y los ascendientes exigiendo que la persona que reagrupa cuente con autorización de residencia de larga duración; y que la o el ascendiente reagrupado tenga más de 65 años. Esto supone una vulneración clara del derecho de reagrupación y una barrera más para conseguir una plena integración del colectivo inmigrante. Todas y todos necesitamos de la familia.
- No contempla la asistencia letrada a menores en los procesos de repatriación y se menciona la expulsión en el caso de que sean infractoras o infractores, contraviniendo la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. El Gobierno criminaliza a las y los menores inmigrantes olvidando ante todo su condición de menores.
- Aumenta el tiempo de internamiento en los CIES de 40 a 60 días, atentando contra el derecho fundamental a la libertad y tan sólo por una infracción administrativa; con el agravante de que no cuentan con una regulación única y central, lo que causa mayor vulnerabilidad entre las y los internados.- Se añaden nuevas infracciones graves como promover la permanencia irregular de las y los extranjeros y consentir su inscripción en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya su domicilio real. Esta medida les cierra la puerta de acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y la educación.
- El anteproyecto de reforma atenta contra los colectivos sociales y la ciudadanía en general, al convertir la actividad de lucha por la integración en una infracción administrativa grave penalizada con 501 a 10.000 euros por cada una de las personas que apoyamos.
Ahora más que nunca, desde los agentes sociales sumamos nuestras voces para EXIGIR:
- Que el gobierno retire el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, ya que implica un retroceso absoluto en los derechos del colectivo inmigrante obstaculizando su plena integración.
- Que las organizaciones sociales participemos activamente en la elaboración de un proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, real y digno. Un proyecto que signifique un verdadero avance en el reconocimiento de los derechos de las y los inmigrantes y donde ni las organizaciones sociales ni el colectivo inmigrante sean criminalizados.
- Que las administraciones asuman su responsabilidad en la tutela de las y los menores inmigrantes proporcionando los medios para garantizar su protección y su plena integración.
- Que se cierren los 9 Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) existentes en España, ya que constituyen una vía de represión y marginación de personas que sólo han cometido una falta administrativa y, en ningún caso, un delito que merezca como pena la privación de libertad.
- Que se despenalicen total y absolutamente la labor social de acogida, acompañamiento e integración que brindamos los agentes sociales a las y los inmigrantes; sobre todo a aquellos en mayor situación de vulnerabilidad: los que se encuentran en la coyuntura de ser ‘irregulares’.
Ante el contexto político migratorio que se presenta con este anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, los colectivos sociales seguiremos reivindicando la no discriminación y la equiparación de derechos. No cesaremos en la denuncia del endurecimiento de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras.
FORO SOCIAL
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