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martes, 27 de octubre de 2015

La Junta de Castilla y León firma un convenio que perpetúa la grave desigualdad en el transporte con Madrid de segovianos y abulenses


La Junta de Castilla y León firma un convenio que perpetúa la grave desigualdad en el transporte con Madrid de segovianos y abulenses

El viernes 23 de octubre el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, firmó con la Comunidad de Madrid un convenio de transportes que ignora completamente las continuas reclamaciones que segovianos y abulenses llevamos realizado desde hace más de un año sobre mejoras en el transporte con Madrid.

Dicho convenio perpetúa en Castilla y León el desfasado modelo denominado “Abono Combinado-C2” mientras que, en el mismo lugar y hora, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, suscribía el convenio de su comunidad con Madrid que no solo continúa sino mejora los Abonos E1 y E2 que rigen en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo. Por ello, desde la Plataforma en Defensa del Abono E de Ávila y la Plataforma de Usuarios de la Sepulvedana de Segovia consideramos que la comparativa en lo firmado al mismo tiempo entre ambas comunidades con Madrid no puede ser más grotesca, vergonzosa y desigual para los segovianos y abulenses. El nuevo convenio no ha incluido a las provincias de Segovia y Ávila en las zonas tarifarias E1 y E2 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que sí rigen en Castilla-La Mancha, lo que supone que las desigualdades en derechos en el transporte entre ambas comunidades se perpetúan. De hecho, las únicas novedades que el nuevo convenio supone para segovianos y abulenses es la extensión del abono joven desde los 23 a los 26 años y una reducción del precio de éste, pero que EN NINGÚN CASO llega a establecer la famosa tarifa única de 20€ para los menores de 26 años. Por el contrario, el convenio firmado paralelamente por Castilla-La Mancha sí ha establecido la tarifa única de 20€ en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo en un abono joven que también se ha extendido hasta los 26 años. Ello supone que las desigualdades entre castellanoleoneses y castellano-manchegos en el transporte con Madrid no sólo se mantengan, sino que incluso se incrementen, llegando a la situación de que un menor de 26 años de Segovia capital está pagando 124€ por su abono mensual mientras un joven castellano-manchego, sea cual sea su localidad, está pagando únicamente 20€ mensuales por el mismo servicio.

Por otro lado, el convenio firmado entre Castilla y León y Madrid no aborda el desorbitado precio de los abonos normales (mayores de 26 años), que llega a ser en Segovia y Ávila capitales de 250€ y 185€ respectivamente y que se perpetúa por el resto de localidades de ambas provincias hasta San Rafael, donde se paga 169€. Mientras, en Castilla-La Mancha, el mismo servicio cuesta 110€ en la zona E1 y 131€ en la zona E2.

Desde estas plataformas no entendemos cómo la Junta ha tenido que dedicar 800.000€ exclusivamente a un abono joven que ni siquiera va a ser de 20€ cuando la totalidad del convenio para ambas provincias le ha costado a la Junta desde el año 2005 únicamente 600.000€. No podemos sino sospechar que gran parte de este incremento presupuestario no se dedica exclusivamente al descuento en el abono joven (que como decimos ni llega a ser de 20€ como en Madrid y Castilla-La Mancha), sino a pagar la gran deuda con la Comunidad de Madrid debido al impago durante varios años de los 600.000€ que se debían de dedicar al Convenio y que no se presupuestaron, lo que llegó a poner en peligro la vigencia del propio Convenio en el verano de 2014.

De hecho, gracias a los datos sobre usuarios aportados por Herrera durante la firma del convenio y que nunca se nos quisieron facilitar, desde estas plataformas hemos podido comprobar que el coste aproximado que supondría a la Junta la integración de las provincias de Segovia y Ávila a las zonas E1 y E2 del Consorcio sería de 1.848.000€, es decir, UN COSTE MENOR que el del actual convenio al que la Junta dedica 1,4 millones y la Comunidad de Madrid 600.000€, es decir, 2 millones de euros en total.

También hemos podido saber a través de dichas declaraciones que Castilla-La Mancha dedica 2,6 millones de euros a su convenio, el cual afecta a 15.000 usuarios castellano-manchegos; mientras que Castilla y León dedica 1,4 millones de euros a su convenio, que afecta únicamente a 1.400 castellanoleoneses. Realizando una sencilla comparación de ambos datos se llega a la conclusión de que la Junta dedica más de la mitad del presupuesto que Castilla-La Mancha pero los castellanoleoneses somos 10 veces menos usuarios que los castellano-manchegos, además de no tener incluido el tren que sí tienen en Castilla-La Mancha y tener únicamente 2 líneas de transporte frente a las 22 castellano-manchegas. Es algo totalmente incomprensible.

Por ello, no entendemos por qué se continúa con este despilfarro presupuestario para un convenio que limita enormemente los derechos en el transporte, y cómo la Junta ni siquiera se presta a negociar la integración de ambas provincias en las zonas E del Consorcio cuando el coste presupuestario sería mucho menor que el actual y las ventajas para los segovianos y abulenses serían incontables: enorme reducción del precio de los abonos mensuales, regulación de dichos precios por el Consorcio y no por las empresas concesionarias, una oferta de 15 tipos de abonos más, viajar a Madrid cuantas veces se quiera en un mismo día y no una única ida y vuelta, la inclusión del tren de Ávila y Segovia en el mismo abono, pudiendo combinarse con el autobús, etc. Todo ello únicamente puede responder a la simple dejadez política de la Junta en un asunto que repercute directamente a unos 200 abulenses y 1.200 segovianos que se desplazan a diario a Madrid, además de cientos de madrileños que hacen el camino inverso.

Toda esta realidad choca abiertamente con las palabras de Juan Vicente Herrera, quien el pasado viernes durante la firma de dicho convenio afirmó que se incluía en Castilla y León el abono joven de 20€, algo que es rotundamente falso. Además, la persistencia de las desigualdades en Castilla y León con respecto a Castilla-La Mancha hace a los segovianos y abulenses ciudadanos de segunda, algo que también choca con las palabras de Herrera, quien enmarcó el convenio en un “autonomismo útil, leal y corporativo”. Si algo caracteriza a dicho convenio no es de útil y leal, sino de despilfarrador, desigual y desleal para los castellanoleoneses.

Por otro lado, el Procurador del Común de Castilla y León (Defensor del Pueblo), Javier Amoedo Conde, tras realizar una investigación sobre esta discriminación de derechos en el transporte de segovianos y abulenses, ha respondido tanto a la Junta como a estas plataformas y al Consejo de la Juventud de Ávila con un informe (que adjuntamos) en el que da cuenta de dicha discriminación de derechos entre comunidades autónomas en un “servicio esencial” como es el transporte público y que así es considerado por el Tribunal Constitucional. Por ello, el Procurador del Común instó el pasado 16 de octubre a la Junta a que el nuevo convenio de transportes con Madrid “garantice unas condiciones para los usuarios de dicho transporte entre ambas Comunidades que, mejorando las del Convenio que actualmente se está aplicando, no sean menos ventajosas ni más gravosas que las que se contienen en el Convenio en vigor de similar naturaleza suscrito entre las Comunidades de Castilla-La Mancha y de Madrid”. Así pues, y como se ha podido comprobar el pasado viernes con la firma del convenio, la Junta ha ignorado completamente la petición del Procurador del Común y de los propios usuarios de acabar con esta grave discriminación de derechos en el transporte.

Por último, señalar que al igual que segovianos y abulenses se trasladan a Madrid a diario para trabajar y estudiar, también hacen el camino inverso muchos madrileños a nuestras ciudades. De hecho, usuarios madrileños que se trasladan a diario a Segovia y Ávila por tren y autobús desde diferentes localidades de la Comunidad de Madrid lanzaron hace tres semanas una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org titulada “Comunidad de Madrid: un acuerdo con Castilla y León para que Segovia y Ávila sean zona E1 y E2”, pidiendo el Abono E para poder trasladarse a nuestras provincias y que ayer llevaba recaudadas más de 8.800 firmas, las cuales se unen a las 9.500 firmas de segovianos y abulenses que conseguimos reunir hace un año en papel y a la propia petición del Procurador del Común de Castilla y León.

Como se puede comprobar fehacientemente, son muchas las ventajas y ninguno el perjuicio el hacer realidad algo tan justo como que segovianos, abulenses y madrileños podamos disponer del Abono E en igualdad de condiciones y derechos que los castellano-manchegos. Ello facilitaría y dinamizaría las comunicaciones entre ambas comunidades, ayudaría a detener la despoblación de nuestra tierra e incluso atraería nueva población

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