Debemos garantizar: enseñanza y educación, sanidad y red hospitalaria, Seguridad Social y pensiones, medios de comunicación, agua, electricidad, gas, transporte público, medio ambiente... y mucho más. ¡STOP a la privatización de los servicios! ¡Paremos el Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC)!".
¿Qué es el Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (AGCS)? Es un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) cuyo propósito es someter casi todas las actividades de la vida humana: desde el sector inmobiliario hasta la recogida de basura, pasando por el agua, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, los servios sociales como la sanidad y las pensiones, la enseñanza a todos los niveles, la información y la cultura. Lo único que se libra "todavía" de la privatización es: el Banco Central, la Judicatura y la Policía y la defensa nacional. La OMC vigila con plenos poderes jurídicos la aplicación de sus acuerdos firmados por los países miembros: 144 países en el 2002, o sea, el 97 % de la población mundial. La función principal de este acuerdo estriba en establecer normas cuyo valor jurídico está por encima de la legislación nacional vigente en los países miembros, lo que requiere que los gobiernos nacionales adapten su legislación a ellas. Al igual que otros acuerdos de la OMC, el propósito del AGCS es la desregularización del comercio y la privatización. Se trata de un acuerdo clave para las grandes multinacionales, ya que en la actualidad los servicios representan ya el 25 % del valor del comercio internacional, y con tendencia al alza...Consecuencias del AGCS: En teoría los consumidores deberían beneficiarse de un aumento de la competencia, pero en la práctica el efecto combinado de la privatización y de la liberalización no conlleva necesariamente tal competencia; de hecho la puede restringir. Hasta ahora la experiencia evidencia que las compañías privadas que han comprado los servicios privatizados (como Endesa o Telefónica) han conseguido un monopolio sin ninguna posibilidad de regulación del gobierno. La compra de servicios esenciales por parte de empresas privadas y multinacionales supone que los servicios pasen a manos de gestores sin rostro. Motivados únicamente por el ánimo de lucro y libres del control de ciudadanos y gobiernos legitimados por las urnas, burlan las leyes con artimañas legales propias de la delincuencia más refinada. Hasta ahora en todos los casos que conocemos de privatizaciones de empresas estatales (o sea, nuestras), lo único que ha mejorado han sido sus beneficios empresariales a costa de: pérdida de puestos de trabajo, sueldos más bajos, aumento de tarifas al consumidor, jornadas más largas (excesivas), subcontratación por Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que precarizan aún más las condiciones laborales, deterioro de la continuidad y calidad de los servicios prestados, explotación incontrolada de los recursos naturales, desamparo legal (estas empresas son más grandes que los estados y tienen "sus leyes" al margen de cualquier Carta o Declaración de Derechos Humanos). Son muy conocidos algunos casos de privatizaciones en nuestro país: "El decreto Boyer" no fue otra cosa que la liberalización de las viviendas y el resultado es que han subido los precios en más de un 650 % desde su aprobación. La electricidad (después de un proceso sigiloso para que no nos diéramos cuenta) desde hace un par de años está privatizada. Consecuencia: somos el país de la UE que tiene las tarifas más altas. Endesa domina gran parte del mercado y su servicio ha empeorado; todos recordamos apagones que a veces han durado varios días. La Sanidad Pública (también maquillando la operación) está siendo traspasada a "empresas colaboradoras" y trasladando los ambulatorios , situándolos en zonas muy poco accesibles para personas mayores. Nuestros políticos, al vender los servicios públicos están cometiendo un delito contra los derechos humanos. La Carta de los derechos humanos de la ONU, en sus Art. 22- 30 dice:"Acceso a agua, sanidad gratuita, educación gratuita, vivienda, alimentación, servicios sociales. No asiste derecho alguno a ningún grupo a realizar actos para la supresión de algún derecho." Y los países ricos no seremos los más perjudicados. Tenemos que pensar también en aquellas personas del mundo para los que es muy difícil el acceso a los servicios esenciales Sería otra vuelta de tuerca al expolio al que sometemos a esos países. En el Foro Social de Segovia exigimos parar esta locura, exigimos que se nos respete como ciudadanos, que se respeten nuestros derechos democráticos. Entre todos podemos cambiar este estado de cosas, exijamos:Que se proteja debidamente el derecho de acceso para todos a los Servicios Públicos, tanto en el Norte como en el Sur.El control democrático de los presupuestos de los ayuntamientos y del estado.Que se suspendan las negociaciones actuales sobre liberalización de servicios (AGCS), para poder evaluar los impactos sociales, económicos y de género que implican tanto el nivel actual de liberalización como el propuesto para el futuro.Que las negociaciones del AGCS se rijan por principios de control democrático, transparencia y acceso a toda la documentación.Que se excluyan los Servicios Públicos del AGCS: servicios tales como educación, sanidad, agua, comunicaciones, electricidad, transporte y seguridad no pueden quedar sujetos a la competencia del mercado internacional. ¡Entre todos lo conseguiremos, únete a la campaña PAREMOS EL AGCS!
¿Qué es el Acuerdo General sobre Comercio en Servicios (AGCS)? Es un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) cuyo propósito es someter casi todas las actividades de la vida humana: desde el sector inmobiliario hasta la recogida de basura, pasando por el agua, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, los servios sociales como la sanidad y las pensiones, la enseñanza a todos los niveles, la información y la cultura. Lo único que se libra "todavía" de la privatización es: el Banco Central, la Judicatura y la Policía y la defensa nacional. La OMC vigila con plenos poderes jurídicos la aplicación de sus acuerdos firmados por los países miembros: 144 países en el 2002, o sea, el 97 % de la población mundial. La función principal de este acuerdo estriba en establecer normas cuyo valor jurídico está por encima de la legislación nacional vigente en los países miembros, lo que requiere que los gobiernos nacionales adapten su legislación a ellas. Al igual que otros acuerdos de la OMC, el propósito del AGCS es la desregularización del comercio y la privatización. Se trata de un acuerdo clave para las grandes multinacionales, ya que en la actualidad los servicios representan ya el 25 % del valor del comercio internacional, y con tendencia al alza...Consecuencias del AGCS: En teoría los consumidores deberían beneficiarse de un aumento de la competencia, pero en la práctica el efecto combinado de la privatización y de la liberalización no conlleva necesariamente tal competencia; de hecho la puede restringir. Hasta ahora la experiencia evidencia que las compañías privadas que han comprado los servicios privatizados (como Endesa o Telefónica) han conseguido un monopolio sin ninguna posibilidad de regulación del gobierno. La compra de servicios esenciales por parte de empresas privadas y multinacionales supone que los servicios pasen a manos de gestores sin rostro. Motivados únicamente por el ánimo de lucro y libres del control de ciudadanos y gobiernos legitimados por las urnas, burlan las leyes con artimañas legales propias de la delincuencia más refinada. Hasta ahora en todos los casos que conocemos de privatizaciones de empresas estatales (o sea, nuestras), lo único que ha mejorado han sido sus beneficios empresariales a costa de: pérdida de puestos de trabajo, sueldos más bajos, aumento de tarifas al consumidor, jornadas más largas (excesivas), subcontratación por Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que precarizan aún más las condiciones laborales, deterioro de la continuidad y calidad de los servicios prestados, explotación incontrolada de los recursos naturales, desamparo legal (estas empresas son más grandes que los estados y tienen "sus leyes" al margen de cualquier Carta o Declaración de Derechos Humanos). Son muy conocidos algunos casos de privatizaciones en nuestro país: "El decreto Boyer" no fue otra cosa que la liberalización de las viviendas y el resultado es que han subido los precios en más de un 650 % desde su aprobación. La electricidad (después de un proceso sigiloso para que no nos diéramos cuenta) desde hace un par de años está privatizada. Consecuencia: somos el país de la UE que tiene las tarifas más altas. Endesa domina gran parte del mercado y su servicio ha empeorado; todos recordamos apagones que a veces han durado varios días. La Sanidad Pública (también maquillando la operación) está siendo traspasada a "empresas colaboradoras" y trasladando los ambulatorios , situándolos en zonas muy poco accesibles para personas mayores. Nuestros políticos, al vender los servicios públicos están cometiendo un delito contra los derechos humanos. La Carta de los derechos humanos de la ONU, en sus Art. 22- 30 dice:"Acceso a agua, sanidad gratuita, educación gratuita, vivienda, alimentación, servicios sociales. No asiste derecho alguno a ningún grupo a realizar actos para la supresión de algún derecho." Y los países ricos no seremos los más perjudicados. Tenemos que pensar también en aquellas personas del mundo para los que es muy difícil el acceso a los servicios esenciales Sería otra vuelta de tuerca al expolio al que sometemos a esos países. En el Foro Social de Segovia exigimos parar esta locura, exigimos que se nos respete como ciudadanos, que se respeten nuestros derechos democráticos. Entre todos podemos cambiar este estado de cosas, exijamos:Que se proteja debidamente el derecho de acceso para todos a los Servicios Públicos, tanto en el Norte como en el Sur.El control democrático de los presupuestos de los ayuntamientos y del estado.Que se suspendan las negociaciones actuales sobre liberalización de servicios (AGCS), para poder evaluar los impactos sociales, económicos y de género que implican tanto el nivel actual de liberalización como el propuesto para el futuro.Que las negociaciones del AGCS se rijan por principios de control democrático, transparencia y acceso a toda la documentación.Que se excluyan los Servicios Públicos del AGCS: servicios tales como educación, sanidad, agua, comunicaciones, electricidad, transporte y seguridad no pueden quedar sujetos a la competencia del mercado internacional. ¡Entre todos lo conseguiremos, únete a la campaña PAREMOS EL AGCS!
No hay comentarios:
Publicar un comentario