FORO SOCIAL SEGOVIA

Elecciones municipales y autonómicas. 27 de mayo

El Foro social de Segovia, ante la celebración de ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS el 27 de mayo, NO APOYA A NINGUNA CANDIDATURA de las que se presentan a dichas elecciones. No obstante, queremos realizar nuestra pequeña aportación sobre la Segovia que soñamos. No se trata de repensar la ciudad, sino de constatar que todos y todas estamos en el mimo barco.
Somos muchos los ciudadanos que creemos y queremos ser protagonistas del sueño de nuestra ciudad. Estas son algunas de nuestras propuestas:

Participación ciudadana: Una política municipal “participativa” debe atender la gestión eficiente y transparente de los recursos y servicios apostando de forma clara y decidida por la resolución participativa de los problemas. Una de las bases de esa participación ha de ser la de los Presupuestos Participativos.
Profundizar en la descentralización política y administrativa de los barrios incorporados y los barrios de la ciudad de Segovia con el desarrollo del Reglamento de Participación ciudadana y dotando de capacidad de decisión a las Juntas de Barrio y vecinales.
Creación del Observatorio de la participación ciudadana de la ciudad de Segovia.
Desarrollar y exigir procesos participativos para la elaboración de los presupuestos municipales.
Facilitar las condiciones necesarias para ejercer la iniciativa popular.
Políticas sociales: Una adecuada política social debe partir de estrategias claras y planificadas. Proponemos para la comunidad autónoma un plan para la inclusión social cuya prioridad básica sea la atención de los colectivos que sufren exclusión social. A nivel municipal proponemos compromisos efectivos que contemplen un esfuerzo presupuestario en materia de acción social para posibilitar el desarrollo de los servicios sociales de la ciudad
Considerar el sistema de servicios sociales un derecho que procure la universalidad, la igualdad, la libertad y solidaridad de los ciudadanos. Por lo que se debe evitar la privatización de los servicios sociales cuya competencia corresponde a los poderes públicos.
Reforma a nivel primario de los servicios sociales orientada a la consecución de una presencia efectiva en todo el territorio y su distribución adecuada a las necesidades, garantizando su capacidad de ofrecer procesos personalizados de incorporación social y laboral a todos los excluidos.
Garantizar y articular ayudas directas necesarias y otro tipo de medidas que favorezcan la escolarización de los hijos de familias con bajos ingresos (becas de comedor, mediadores familiares,...).
Que se actualice la ley y el funcionamiento de IMI, incluyendo la regulación del mismo mediante una ley autonómica basada en el reconocimiento de una renta básica de carácter universal.
Medio ambiente, vivienda, urbanismo: Es necesario cambiar nuestro modelo de desarrollo. La finalidad del cambio de modelo es trabajar por un desarrollo sostenible, de tal manera que la satisfacción de las necesidades de las personas que habitamos hoy la tierra, no comprometa el bienestar de las generaciones venideras, la acción de los poderes públicos, de las empresas y del conjunto de los ciudadanos.
Y ese objetivo pasa por reconsiderar el funcionamiento de todos los sectores económicos y relaciones que establecemos con el medio ambiente. Necesitamos un nuevo modelo de territorio, un modelo de ciudad: armónica, sostenible y al servicio de las personas.
Erradicar el chabolismo en esta legislatura y evitar que se produzcan nuevos asentamientos de este tipo, implicando en ello a las distintas administraciones y entidades.
Elaborar en la próxima legislatura una agenta 21 de la comunidad de Castilla y León y de sus principales comarcas y municipios.
Introducir cláusulas administrativas y técnicas en todos los procedimientos de compra de bienes y servicios de las distintas administraciones cambios que incentiven las empresas y actividades económicas comprometidas con el medio ambiente.
Desarrollar y aumentar la red de espacios naturales protegidos de Castilla y León.
Apuesta decidida por el transporte público, red de carriles bici, tranvía ecológico,...
Cooperación, desarrollo y derechos humanos: Toda administración pública debe defender y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y velar porque todos los ciudadanos disfruten de estos derechos, implementando los instrumentos y medios necesarios.
El trabajo por los derechos humanos debe proyectarse al exterior, a los países más desfavorecidos a través de políticas de cooperación al desarrollo sólidas y propiciando, un modelo de comercio justo internacional sujeto a las normas de protección de derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de la O.I.T. y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.
Incluir a Segovia en el programa de “Ciudades de los derechos humanos”. Una ciudad de los derechos humanos es aquella que sus miembros aprenden, debaten y practican sobre ellos (http://www.pdhre.org).
Confeccionar una carta de derechos ciudadanos con un proceso participativo que acabe en un referéndum de aprobación.
Que del presupuesto se destine el 0,7 % para la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria con las poblaciones o regiones más desfavorecidas del planeta.
Propiciar programas integrales donde sean tenidos en cuenta todos los aspectos económicos energéticos, socioculturales,... de forma que estos se puedan desarrollar sostenible, integral y equilibradamente, disminuyendo las diferencias entre áreas desarrolladas y menos desarrolladas. dichos programas integrales han de contribuir a fortalecer la autonomía de los beneficiarios.
Educación: El neoliberalismo económico también está imponiendo sus reglas de mercado en educación, pretendiendo convertir a las familias en meros clientes de los centros escolares. Nuestro sistema educativo está tendiendo a producir individuos no participativos y reduciendo la educación a la enseñanza de conocimientos funcionales para el mercado de trabajo y está eludiendo su responsabilidad de formar personas críticas que sean capaces de cuestionar la realidad y mejorarla.
Los efectos de la globalización, especialmente perniciosos en las sociedades y sectores más desfavorecidos, está produciendo movimientos de población y tendencias desreguladoras del estado de bienestar que conllevan la destrucción y desequilibrio de la escuela pública.
Definir un sistema de escolarización del alumnado que no permita a ningún centro sostenido con fondos públicos seleccionar ni discriminar a los alumnos por motivos étnicos, culturales, económicos o territoriales y que garantice la heterogeneidad dentro de los centros.
Apostar por acercar el presupuesto de educación al 6 % del P.I.B. autonómico.
Economía social: La economía y el empleo juegan hoy en día un papel fundamental en la evolución de nuestra sociedad: una induciendo y condicionando aspectos claves de la misma y el otro, como factor para el desarrollo social.
Ello implica que es imprescindible priorizar las actuaciones en este área si realmente queremos construir una sociedad más justa y solidaria. Para ello sería necesario vertebrar una serie de medidas tendentes a favorecer el desarrollo sostenible y a garantizar la provisión de las necesidades básicas de la sociedad.
Para que esta sociedad se desarrollo de una forma equitativa y justa es preciso lograr que el empleo sea en la práctica un derecho al alcance de todos los ciudadanos. Un empleo de calidad y con derechos que actúe como factor de integración social.
Que se apruebe en esta legislatura una ley autonómica de inserción.
Desarrollar un concepto de economía plural, asociativa y solidaria para tender necesidades sociales y económicas que el mercado no considera, actividades socialmente útiles y ecológicamente sostenibles (nuevos yacimientos de empleo: productores de paneles solares, recicladores, comercio justo, reforestación,...)
Creación de comités éticos y sociales para la auditoría empresarial.
Añadir criterios éticos y participativos en la s relaciones contractuales del Ayuntamiento con las empresas privadas y en la concesión de subvenciones y ayudas.
Salud: El acceso a una sanidad pública de calidad es uno de los avances sociales que miden el grado de desarrollo humano de una sociedad. En nuestro país la sanidad pública está garantizada, sin embargo hay algunos colectivos que debido a sus características especiales, ven dificultado su acceso a la sanidad en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos o se encuentran con un sistema sanitario que no se ha adaptado a las necesidades de estas personas. También desde el ámbito municipal se pueden poner en marcha medidas que faciliten la cobertura de estas necesidades.
Impulsar y favorecer programas orientados a la prevención primaria desde los centros de salud de la red con participación directa de los agentes sociales del territorio en el marco de los centros de salud.
Aprobar en el ámbito de la comunidad un plan de salud mental.