Ante la reiteración de las devoluciones ilegales en la valla de Melilla, las entidades sociales abajo firmantes manifestamos nuestra vergüenza y repulsa, exigimos el cese inmediato de estas prácticas y pedimos que se depuren responsabilidades ante esta flagrante vulneración de los derechos humanos .
El sábado, 21 de noviembre de 2015 ha tenido lugar un nuevo episodio de devoluciones sumarias en la valla de Melilla, ante lo cual las entidades firmantes nos vemos en la obligación de recordar que se trata de actuaciones radicalmente ilegales, incluso al amparo de lo contemplado en la reforma de la Ley de extranjería, operada por la LO 4/2015.
Según se señala en el apartado segundo de la disposición adicional décima de la Ley de extranjería, “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Ello implica que cualquier entrega de una persona a Marruecos sólo es posible a través de un procedimiento en el que:
- se respete los derechos fundamentales de audiencia al interesado, asistencia letrada y de intérprete, se garantice el derecho al asilo y otras formas de protección de quienes tienen derecho a ella,
- se concluya con una resolución escrita e individualizada que permita el ejercicio de la tutela judicial y se posibilite el control de la actividad de la Administración, un pilar básico de nuestro Estado de derecho.
Debe recordarse, además, que el Consejo de Europa ha recomendado al Gobierno español el cese en la entrega de personas inmigrantes a las fuerzas auxiliares marroquíes, habida cuenta de los malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas. Por consiguiente, mientras estas fuerzas operen al otro lado de la valla, los rechazos en frontera devienen impracticables por vulnerar el principio de no devolución y con ello los arts. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 19.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Prácticas como las que denunciamos demuestran una grosera falta de escrúpulos éticos por parte del Ministerio del Interior, amén de constituir una flagrante ilegalidad y la contravención tanto de la Constitución como del Derecho comunitario y Convenios Internacionales tan importantes como la Convención de Ginebra, la Convención de los Derechos del niño o el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Instamos a las instituciones y corporaciones nacionales, comunitarias e internacionales, que tienen la mandato de velar por el respeto de la legalidad y la salvaguarda de los derechos humanos, para que no miren hacia otro lado y actúen con decisión y conciencia en el ámbito de sus competencias para que en la frontera sur se respeten definitivamente los derechos humanos.
Las 139 entidades firmantes, que representamos sectores muy amplios y diversos de la sociedad civil, queremos renovar y reforzar nuestro compromiso de lucha en favor de las personas migrantes víctimas de estos abusos. No cesaremos en la labor de visibilizar estas prácticas injustas e ilegales, de denunciarlas ante los medios de comunicación y ante instancias nacionales e internacionales, y de ejercer acciones judiciales contra sus ejecutores y contra quienes las ordenan o consienten. Seguiremos 2 acompañando a las personas, tratando de consolarlas, de curar sus heridas y de enterrar a los muertos que son también, para nuestra vergüenza, muy nuestros.
Nos sentimos profundamente concernidas con lo que sucede en nuestra frontera sur, pues, además de los derechos de las personas más vulnerables, son las bases del Estado de derecho y nuestra propia dignidad lo que está en juego.
Madrid, 24 de noviembre de 2015
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