La educación es un bien y un derecho social. Es un espacio desde el que se debe formar al futuro ciudadano en valores realmente democráticos, con una visión crítica y científica de la sociedad y con capacidad para pensar por sí mismo; un espacio desde el que se prepara al niño y al joven para que tenga su espacio en la sociedad pero también para que aporte a ella en pos del progreso y del bienestar social. Sólo desde una educación pública de calidad, laica y democrática se puede garantizar esto.La Escuela, el Estado y la LaicidadLa paralización de la LOCE del PP, con la victoria del PSOE en 2004, hacía albergar alguna esperanza de una escuela laica. Dichas esperanzas fueron frustradas con la LOE, que consagra la religión y el adoctrinamiento religioso en colegios e institutos. Dicha ley no hace otra cosa que respetar lo establecido en el Concordato de 1979, que desarrolla las “relaciones de cooperación con la Iglesia Católica” de los “poderes públicos” que recoge el artículo 16.3 de la Carta Magna. El Ejecutivo de Zapatero ha dicho repetidamente, la última vez con la visita a España de T. Bertone (Secretario de Estado del Vaticano), que “no se tocarán los acuerdos con la Santa Sede”. Estos otorgan a la Iglesia Católica toda una serie de privilegios e impide un Estado laico y, por ende, una escuela laica. Así, establece que “Los planes educativos… incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Articula, también, que “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la adecuación de su adecuado sostenimiento económico”. Según Vicenç Navarro (2.006) la Iglesia Católica española “recibe un subsidio del Estado,…, por una cantidad de 3.626 millones de euros”, “que sería suficiente para proveer escuelas públicas de infancia de 0 a 3 años a todos los niños y niñas españoles que carecen de ellas”. Inversión en la Educación PúblicaCon la entrada en la Unión Monetaria y la firma del Pacto de Estabilidad se inició una desconvergencia del gasto público en educación en relación con el de la Unión Europea. El español (4.5 % del PIB, 2008; 4.3 %, 2003; 4.5 %, 1995) es uno de los más bajos, está lejos de la media de la UE-15 (5.2 %, 2003) y muy lejos de países como Dinamarca, Suecia o Finlandia (6.8 %, 6.7 % y 5.9 %, 2002). En Castilla y León es del 4.3 % (2003). Educación Pública, crisis y privatizaciónFrente a la crisis sistémica del capitalismo, los gobiernos nacional y regional apuestan por una política de reducción del gasto público que irá en detrimento de la educación pública, de los servicios públicos en general y de una pronta solución de la crisis. Así, los presupuestos Generales del Estado para 2009 establecen sólo un aumento del 1.9 % para Educación (en 2008 fue del 9.2 %). Los de la Junta, con competencia en la materia, son aún más austeros: los gastos de Secundaria, E. Especial, FP, Primaria e Infantil se verán incrementados en un raquítico 1.67 %; los de mantenimiento de los centros tendrán una disminución de un 0.53 %. Significativo es que los destinados a personal laboral fijo verán un recorte del 4.25 % y del 20 % el eventual. Esto, entre otras cosas, se está traduciendo ya, también en Segovia, en una congelación de las partidas que reciben los centros públicos, e incluso hay algunos que en este curso académico han recibido menos dinero. Y ello mientras se produce la sangría permanente de dinero público a la enseñanza privada (80 % congregaciones religiosas). Si desde años estamos asistiendo a un proceso creciente de privatización de la enseñanza con el desarrollo del sistema de conciertos y la cesión a la empresa privada de distintos servicios educativos (comedor, limpieza,…), ahora, el deterioro de la educación pública puede ser el pretexto perfecto para dar una vuelta de tuerca más en esa dirección.Debemos ser conscientes de la situación a la que se puede ver abocada la educación pública y, por tanto, de la necesidad de que toda la comunidad y sectores educativos (profesores, padres, alumnos, personal laboral, sindicatos,…), junto a las fuerzas sociales y políticas progresistas, se movilicen de forma unitaria en defensa de la educación pública frente a los ataques que ya se están dando, por parte de la administración, y las que se avecinan. Este compromiso asumimos, y desde él exigimos:
Que la religión salga fuera del currículo escolar común. Que ninguna simbología religiosa tenga presencia en los centro públicos. Que con dinero público no se pague el adoctrinamieto religioso. La derogación inmediata del con-cordato.Que con dinero público no se pague a las empresas privadas de enseñanza: eliminación del sistema de conciertos. Que las distintas administraciones aumenten sustancialmente el gasto público en educación.La vuelta a manos públicas de los servicios educativos privatizados. La potenciación de una educación pública de calidad y democrática.
FORO SOCIAL.
La campaña en la prensa local:
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