El Consejo de Ministros español ha remitido el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible a diversos órganos consultivos antes de su llegada al Congreso, una normativa que ha generado la protesta de la red en días previos. El texto prevé que sólo un juez puede determinar el bloqueo de una página web y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha precisado que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es "muy difícil ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos". Ha explicado que el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web. El proceso se inicia en la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Ese órgano se dirigirá al titular de la página web que infringe los derechos de propiedad intelectual para instarle a que los retire. Si el titular no responde a la petición de la Comisión, entonces ésta lo pondrá en conocimiento de la Justicia para que se autorice el cierre de la página.
El Consejo General del Poder Judicial, la comisión de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado tendrán que emitir en las próximas semanas informes no vinculantes sobre el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
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