Segovia Semana de acción contra el CETA y el TTIP.

¡Movilizaciones del 8 al 15 de octubre 2016!

Semana de acción en Segovia contra el CETA y el TTIP

Lunes 10 de Octubre 11.30 en el local de CAAV Av/ del Acueducto 28 Rueda de Prensa

Jueves 13 de Octubre 19.00h Centro Cultural San José Salón de actos) Mesa Redonda sobre CETA, La puerta trasera del TTIP

Sabado 15 de Octubre Plaza San Martin de 12.00h a 14.00 h,Mesas informativas- Concentración #niCETAniTTIP. ‘Las personas y planeta antes que las multinacionales’

En junio de 2013 se comienza a negociar entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) el Acuerdo Transatlántico sobre el Comercio y la Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) conocido en español como el Tratado de Libre Comercio (TLC).

La negociación bilateral entre la UE y los EEUU pretende establecer un marco regulatorio de forma que prevalezcan los principios comerciales, basados en costes y beneficios económicos, sobre las estructuras y principios de derecho de los estados involucrados (los europeos y el estadounidense).

Evidentemente el conflicto emerge por la sencilla razón de que las categorías y las motivaciones de empresas multinacionales y estados son, a un nivel fundamental, muy diferentes. Una empresa transnacional persigue fines económicos que confrontan con los legítimos derechos de una ciudadanía amparada por un estado de derecho soberano, demócrata y con una sana separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Una multinacional no persigue fines democráticos ni contempla la justicia más allá de lo que ella considere justo para la maximización de sus beneficios económicos y la minimizacion de sus costes de producción transporte o comercialización.

Como es lógico, una negociación que en nada está basada en el beneficio de la mayoría de los ciudadanos, no puede ejercerse con luz y taquígrafos, de ahí que esta se haya llevado en secreto, como ya es de todos sabido. Afortunadamente un proceso de tal calado es muy difícil de ocultar y, merced a múltiples filtraciones, tanto europeos como estadounidenses, hemos tenido puntual noticia de cuáles eran los términos y los elementos que se negociaban:

-privatización de la sanidad y educación públicas
-establecimiento de procesos que favorecen el monopolio empresarial y financiero
-establecimiento de un mercado laboral acorde con los intereses de parte de las empresas
-desregulación sanitaria sobre el control de alimentos o el consumo de transgénicos
-privatización (incluidos los recursos hídricos) y explotación de los recursos naturales atendiendo   únicamente al beneficio cortoplacista lo que acelerará el evidente deterioro del medioambiente planetario
-establecimiento de un poder judicial supranacional y emanado del ámbito empresarial que gestione conflictos entre los estados y las empresas de forma que el interés general quede supeditado al interés económico de una empresa multinacional

Este descarado ataque a los derechos fundamentales de la ciudadanía de los estados soberanos de la UE y los EEUU, y de las instituciones democráticas que la representan, ha encontrado respuesta en la sociedad civil. Asociaciones políticas, sindicales, educativas, sanitarias, judiciales, agrarias, medioambientales, culturales, … se han revelado contra la laminación de sus derechos fundamentales expresando su repulsa de manera seria, sólidamente argumentada y divulgativa. Es en este marco donde se encuadra la semana de movilizaciones en contra del TTIP y las actividades divulgativas e informativas que tendrán lugar en los próximos días.

TTIP, CETA Y LA SANIDAD

Los tratados que liberalizan el comercio y la prestación de servicios suponen una amenaza para la sanidad y para todos los servicios públicos por varias razones. La primera es que un Sistema Nacional de Salud donde la prestación de asistencia sean a través del Servicio Público de Salud (en Castilla y León Sacyl), es, desde el punto de vista de las corporaciones, un monopolio que hay que romper, y sobre todo es una oportunidad de negocio, puesto que desde la óptica del liberalismo, el estado no debe prestar servicios de los que puede hacerse cargo la iniciativa privada. Las consecuencias que esto tendría (y de hecho ya tiene) en nuestro día a día como pacientes y usuarios de los servicios sanitarios son muchas, que podemos resumir en tres ejemplos: 1. La salud pública y la protección de los consumidores. Esto está muy relacionado con las repercusiones sobre la industria alimentaria. El abandono del “principio de precaución” (que existe en Europa, pero no en U.S.A.) supone que no es preciso demostrar la inocuidad de un nuevo producto introducido en el mercado, sino que lo que hay que demostrar es que un daño ha estado causado por un producto concreto. En estas circunstancias podría volver a ocurrir un caso como el del envenenamiento por aceite de colza que tuvo lugar en los años 80. 2. Los medicamentos y la industria farmacéutica. Además de poder aplicar lo dicho sobre el “principio de precaución”, la industria farmacéutica es uno de los principales grupos de presión a ambos lados del Atlántico, con relaciones e intereses cruzados con la industria química, la industria alimentaria y las empresas aseguradoras. Las grandes farmacéuticas desean que estos tratados se implanten para poder fijar los precios de los medicamentos o las prioridades de la investigación en función de sus intereses económicos (ganar más dinero), y no de las enfermedades más prevalentes o las necesidades de los enfermos. 3. La prestación de la asistencia sanitaria. Este es un tema en el que nuestras administraciones ya han ido avanzando sin necesidad de aprobar el TTIP. Se comenzó concertando servicios no asistenciales, como la limpieza o la seguridad de los centros sanitarios, y se ha continuado culpabilizando a los pacientes del gasto sanitario e implantando copagos, con la amenaza de que el Sistema Nacional de Salud es insostenible. Pues bien, las grandes compañías aseguradoras están presionando para que la asistencia sanitaria se preste a través de sistemas de aseguramiento privados. El crecimiento de la inversión en sanidad privada en los últimos años ha sido muy grande, y la cuenta de resultados de la sanidad privada se alimenta de los pacientes que son derivados desde la sanidad pública mediante conciertos para pruebas diagnósticas o tratamientos. La evolución lógica sería la desaparición de la sanidad pública, o limitar su crecimiento para atender necesidades de salud que no son rentables para las empresas privadas.