Vivimos un momento de excepcionalidad los 47 millones de personas que habitamos este país. Se han adoptado medidas necesarias que a nadie se le escapa que suponen un sacrificio individual y colectivo que inevitablemente aporta una carga añadida a las que nuestra sociedad tenía que soportar antes de la crisis del coronavirus.
Es público y notorio que no son decenas ni centenares de miles sino millones de personas las que se encuentran en nuestra sociedad en una situación de pobreza y de precariedad que se ha visto agravada tras la reciente crisis que estalló a finales de la pasada década. Como siempre, las personas más afectadas son las más vulnerables: los niños, las mujeres, las personas dependientes. La reciente visita a España de Philip Alston, el Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema, ha puesto encima de la mesa que la lacra social de la pobreza y la precariedad, pese a permanecer muchas veces oculta, supone una pesada losa que una sociedad como la nuestra no se debería permitir.
Es obvio que las consecuencias de las necesarias medidas adoptadas en la lucha contra el Covid-19 no afectan a todas las personas por igual. Muchos trabajadores van a ver mermados sus ingresos y en muchas familias esto va a tener unas consecuencias dramáticas. Otras se van a encontrar con la imposibilidad material de cubrir sus mínimas necesidades de supervivencia ya que no es lo mismo poder tener unos ingresos ínfimos a través de la economía informal o del medio que sea, que dejar de tenerlos al limitarse severamente esas opciones por las evidentes constricciones a que da lugar esta situación de excepcionalidad.
Por ello, solicitamos medidas excepcionales que permitan contrarrestar los efectos indeseados de esta situación de emergencia sobre los sectores más precarizados y desfavorecidos de nuestra sociedad. Proponemos que estas medidas se concreten en una sola que permita atenuar drásticamente la gravedad de la situación: la aplicación de una RENTA BÁSICA DE CUARENTENA que asegure la supervivencia de todas las personas que componen nuestra sociedad, como ya se está planteando en otros países afectados como Italia.
Somos conscientes de que esta medida implicaría la asignación de importantes recursos económicos pero también de que la situación de excepcionalidad que vivimos permite al estado adoptarlas.
Entre otras cosas, mientras que algunos sectores económicos ven mermados sus ingresos otros los ven incrementados, a veces de forma muy notable. Pensamos que el principal reto que afrontamos como civilización es el de poder avanzar en conjunto, ya que este es un problema de todos y todas. Y ese avance implica que toda la sociedad salga lo mejor parada posible de este trance que nos ha tocado vivir PERO NO A COSTA DE DEJAR EN LA CUNETA A IMPORTANTES SECTORES DE LA MISMA, todos ellos de la clase trabajadora y en precario.
Por todo ello, REITERANDO LA PETICIÓN REALIZADA POR REGISTRO, les pedimos una fórmula de interlocución a la mayor brevedad posible para tratar esta propuesta y otras relacionadas con el cumplimiento de la Carta Social Europea, o la valoración inmediata de la misma como medida de urgencia en la próxima reunión del Consejo de Ministros para tratar el estado de alerta, que se celebra el próximo martes 17 de marzo de 2020.
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