PROPUESTA PARA UN inicio de curso ESCOLAR con garantías sanitarias Y EDUCATIVAS
En primer lugar consideramos irrenunciable que la enseñanza sea totalmente presencial en todos los niveles educativos y, al mismo tiempo, acompañada siempre de todas las medidas de seguridad sanitarias que se estimen oportunas para la máxima protección de todos los miembros de la comunidad educativa, siguiendo en todo momento las directrices médicas. Consideramos que la enseñanza presencial es la que mejor puede garantizar una educación de calidad, que corrija los desajustes sociales, favorezca la integración y la sociabilidad y ayude a la conciliación familiar y laboral de millones de hogares.
También apoyamos el desarrollo paralelo de la dotación al alumnado y al profesorado de las herramientas informáticas y de la formación necesaria para, con su uso adecuado y programado, apoyar a la enseñanza presencial.
Para ello es preciso abordar decididamente un significativo incremento del presupuesto destinado a educación, con especial hincapié en el refuerzo de las plantillas docentes, de administración, servicios de limpieza, personal de conserjería, mantenimiento, transporte escolar, y en general de todos aquellos servicios precisos para el correcto desarrollo del proceso educativo, destinando a ello los recursos económicos necesarios, pues la educación es, sin lugar a dudas, un pilar fundamental de nuestra sociedad que merece un esfuerzo económico que en este momento es indudablemente necesario. Viene al caso la conocida frase de Derek Bok: “Si la educación le parece cara, pruebe con la ignorancia”. Por otra parte, además del incremento del presupuesto para educación, hay que recordar que el dinero público debe ser para la escuela pública, sin dedicar partidas para la enseñanza privada ni para la privada – concertada, sin perjuicio que a estas se les exijan igualmente todas las medidas de seguridad necesarias para sus trabajador@s y alumn@s.
Del mismo modo es imprescindible dotar a las familias de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en los casos que sea preciso, para lo que deben implicarse las autoridades relacionadas con Trabajo, Economía, Asuntos Sociales, Igualdad y Familia y las empresas.
Dentro de las medidas concretas, deben tomarse sin dilación aquellas orientadas a la disminución de la ratio, lo que además de lograr una mayor seguridad sanitaria redundaría en un indudable beneficio educativo. Para ello consideramos adecuada la primera propuesta realizada por el Ministerio de Educación de un máximo de quince personas por aula (respetando siempre la distancia de seguridad), sin atender a otras informaciones posteriores que han ido aumentando progresivamente ese número sin aportar motivos convincentes.
Igualmente debe procederse a la Ampliación, creación y/o dotación de espacios para los centros, para evitar los contagios dentro de los mismos, informando de forma precisa y pormenorizada a la comunidad educativa de las medidas adoptadas; tanto en los medios de comunicación como mediante carteles colocados a las entradas de los centros. En primer lugar deben utilizarse los espacios de la administración ya existentes; si estos no fueran suficientes, a continuación deberían utilizarse espacios de propiedad privada previo acuerdo, expropiación o cualquier otro procedimiento jurídicamente eficaz; como último recurso, instalación de aulas prefabricadas. De forma paralela, iniciar un plan de construcción inmediata de infraestructuras e instalaciones.
En esta misma dirección es imprescindible asegurar que no se cerrarán unidades escolares, ni colegios públicos, y que se reabran las cerradas. Una medida eficaz consiste en la reapertura de aquellas escuelas rurales que sea posible, lo que permitirá el mantenimiento de verdaderos grupos burbuja, retorno de población a la España vaciada y mayor aislamiento y descongestión de centros que reciben gran cantidad de alumnado transportado.
Del mismo modo es imprescindible dotar a las familias de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en los casos que sea preciso, para lo que deben implicarse las autoridades relacionadas con Trabajo, Economía, Asuntos Sociales, Igualdad y Familia y las empresas.
Dentro de las medidas concretas, deben tomarse sin dilación aquellas orientadas a la disminución de la ratio, lo que además de lograr una mayor seguridad sanitaria redundaría en un indudable beneficio educativo. Para ello consideramos adecuada la primera propuesta realizada por el Ministerio de Educación de un máximo de quince personas por aula (respetando siempre la distancia de seguridad), sin atender a otras informaciones posteriores que han ido aumentando progresivamente ese número sin aportar motivos convincentes.
Igualmente debe procederse a la Ampliación, creación y/o dotación de espacios para los centros, para evitar los contagios dentro de los mismos, informando de forma precisa y pormenorizada a la comunidad educativa de las medidas adoptadas; tanto en los medios de comunicación como mediante carteles colocados a las entradas de los centros. En primer lugar deben utilizarse los espacios de la administración ya existentes; si estos no fueran suficientes, a continuación deberían utilizarse espacios de propiedad privada previo acuerdo, expropiación o cualquier otro procedimiento jurídicamente eficaz; como último recurso, instalación de aulas prefabricadas. De forma paralela, iniciar un plan de construcción inmediata de infraestructuras e instalaciones.
En esta misma dirección es imprescindible asegurar que no se cerrarán unidades escolares, ni colegios públicos, y que se reabran las cerradas. Una medida eficaz consiste en la reapertura de aquellas escuelas rurales que sea posible, lo que permitirá el mantenimiento de verdaderos grupos burbuja, retorno de población a la España vaciada y mayor aislamiento y descongestión de centros que reciben gran cantidad de alumnado transportado.
Por último queremos hacer un llamamiento a la sociedad en general para participar activamente en la defensa de la educación pública, laica, gratuita y de calidad, y en el momento actual con especial mención a las garantías sanitarias que en todo momento deben acompñarla
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