Contra el estado de excepción de los derechos humanos en Ceuta y Melilla

Contra el estado de excepción de los derechos humanos en Ceuta y Melilla Esta tarde ha sido aprobada, en el Congreso de los Diputados, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana tras pasar el trámite de aprobación de la misma en el Senado. Esta Ley, que contempla recortes en los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía, mantiene la Disposición Transitoria Única que introduce una Adicional Décima en la Ley de Extranjería ya introducida en el anterior trámite parlamentario y que no viene sino a tratar de dar amparo a las devoluciones ilegales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla que vienen siendo practicadas cada vez más abiertamente por el Ministerio del Interior.

 La gran mayoría de entidades que trabajamos por los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes apelamos hace unos meses al humanitarismo de los miembros del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado. Pero nuestra petición parece haber caído en saco roto, al igual que las múltiples manifestaciones que han realizado organismos nacionales e internacionales, juristas y el resto de formaciones políticas con representación parlamentaria que apuntaban a que la enmienda es contraria a diversos tratados internacionales, la normativa comunitaria, la constitución y principios básicos de nuestro estado de derecho. 

Se ha consumado ya el uso retorcido de la actividad legislativa que pretende colocar una decisión política y una actuación administrativa por encima de la propia Constitución, la normativa Comunitaria y de los derechos humanos. En definitiva, si la práctica de las devoluciones ilegales que acontecen en Ceuta y en Melilla es alejada a la Ley, acerquemos la Ley a esta práctica. 

La enmienda ha sufrido determinadas modificaciones que han terminado resultando más de contenido estético que ético. Se introduce una referencia a que dicha práctica ilegal que se pretende legalizar, el rechazo “a fin de impedir su entrada ilegal en España” de quienes han saltado la valla, sin procedimiento administrativo alguno, ni derecho a la defensa, e realizará respetando la normativa internacional de los derechos humanos y protección internacional, para indicar posteriormente que las solicitudes de protección internacional “se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos”.

 ¿Se permitirá con ello que a los que intenta acceder a España por otras vías distintas a los pasos fronterizos como la valla o las embarcaciones, solicitar asilo en España?, ¿Se permitirá el acceso a estos puntos fronterizos españoles por parte de la policía marroquí de potenciales demandantes de asilo?.¿Estas personas serán rechazadas sin ningún tipo de desarrollo normativo de este procedimiento?, ¿sin que tengan derecho a un Juez , a la defensa y a la asistencia de letrado?, ¿sin poder acogerse a determinadas figuras de protección que la Ley les reconoce?. 

Algunas de estas preguntas parecen haber sido ya respondidas por el Ministro del Interior, el Sr. Fernández Díaz, excluyendo del derecho de asilo al conjunto de la población subsahariana que intenta acceder a nuestro país de manera irregular, como si se tratara de un área geográfica donde no existiesen conflictos bélicos y los regímenes democráticos floreciesen. O como si el derecho de asilo se adquiriese por la forma de entrada en nuestro país. 

Las 150 entidades sociales firmantes entre las que se encuentra el Foro social de Segovia  hemos mirado muchas, muchísimas veces a los ojos de estos migrantes, sus heridas, sus traumas, sus persecuciones. Por ello no vamos a mirar hacia otro lado dejando que la vergüenza por esta práctica ilegal con la que oscurecen nuestro nombre nos desanime. No vamos a permitir que en nuestro país existan zonas de excepción a los derechos humanos por mucho que se empeñen en legalizarlas.


Madrid, 26 de Marzo de 2015