Segovia 9 de marzo a las doce horas Huelga Educativa, concentración masiva, asamblea en la Plaza del Azoguejo y posterior manifestación hasta la Subdelegación del Gobiernoo por la educación pública, para que se derogue definitivamente la LOMCE y el demencial 3+2, por la defensa de las aulas públicas frente a más conciertos con la privada, por una educación pública, de calidad y universal, por el derecho a estudiar en condiciones dignas, contra el pacto educativo del PP y el PSOE, por la gestión de la educación por parte de la comunidad educativa
Los objetivos son tres: la reversión de los recortes, la inversión en educación pública y la derogación de la LOMCE. Está claro que hay suficientes y poderosas razones para ir a la huelga:
a) El Gobierno del Partido Popular ha aplicado una brutal política de recortes en la Escuela Pública. La inversión en educación se ha reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). En términos de PIB, el gasto total en educación ha pasado de un 5,07% del PIB en 2009 a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%). Para el año 2018 está previsto que caiga por debajo del 4%, lo que totalizaría 10.000 millones de euros de recortes. Se trata de blindar una inversión en educación pública del 7% del PIB, porque, como coinciden todos los expertos, una educación de calidad necesita una financiación sostenible.
b) Como medidas concretas que reviertan los recortes hay que volver a contratar masivamente a nuevo profesorado para reponer los 32.000 puestos de trabajo que se han perdido (cuando hay un 6% más de alumnado), reducir el 20% de temporalidad, y dignificar las condiciones en las que imparten la docencia; bajar las ratios de alumnado por aula y recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad.
c) En las universidades públicas, en los últimos años, el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidad Pública cuando vemos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída de 1.213 millones de euros en el período de 2010 a 2014 y que ha disminuido en 7.500 empleos públicos. También la Formación Profesional se ha visto afectada por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480 €, y una de grado medio entre 120 € y 220 € de media.
Frente a ello, se reivindica una Universidad entendida como servicio público que no busque la “competitividad”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa y más sostenible, no una universidad al servicio de los intereses privados del empresariado. Una FP que amplíe su oferta formativa, que reduzca significativamente las tasas y suprima las prácticas no remuneradas.
d) Por último, en relación a la LOMCE, urge la derogación de una ley sectaria, segregadora antidemocrática y orientada a la privatización al colocar la Educación Pública como algo subsidiario. A la voluntad manifestada por la comunidad educativa y por la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias hay que añadir que hay alternativa. Buena parte del trabajo está hecho con el Documento de Bases para una nuea Ley de Educación consensuado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Debe ser el cimiento para el nuevo marco legal educativo.
Autor Agustin Moreno
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