Miles de personas se manifestaron en 80 ciudades del país para protestar por una normativa que amenaza con 5 años de cárcel y una multa de 30.000 euros a quienes ayuden a los inmigrantes en situación de ilegalidad, una disposición que ha sido ya bautizada con el nombre de "delito de solidaridad".
Las protestas responden al llamado de cerca de 40 organizaciones de ayuda a los y las inmigrantes que se encuentran en Francia.
“Si la solidaridad es un delito, pedimos que nos condenen por este delito", señalaban las pancartas las pancartas de los manifestantes en París, Marsella, Estrasburgo y otras 80 ciudades francesas, en cuyas calles las ONGS organizadoras de la protesta congregaron a miles de personas para denunciar la norma.
De acuerdo con la convocatoria, cinco mil quinientas personas deben presentarse como prisioneras para denunciar una enmienda del Gobierno que prevé detener en 2010 igual número de ellas si son solidarias con los indocumentados.
Esta medida se inserta en una ley de más de 60 años que refiere el artículo L 622-1 del código de entrada y estancia de extranjeros en Francia.
A partir del mismo se castiga con cinco años de cárcel y 30 mil euros de multa a quien por ayuda directa o indirecta facilite la entrada, circulación o la residencia ilegal a un “sin papeles”.
El Ministro de Inmigración, Eric Besson, dijo ayer que los objetivos de condena sólo se refieren a las “personas que participan activamente en tráfico de clandestinos”.
Los particulares o voluntarios que se limitaron “a acoger, acompañar o albergar a estos grupos no serán perseguidos", expresó. Sin embargo, las asociaciones dudan que la enmienda no se extienda a los que ayuden o sean solidarios.
El objeto de la polémica es un artículo del código que regula la entrada y residencia de los extranjeros en Francia, concretamente el L622-1, que contempla penas de prisión y multas para "cualquier persona que, con ayuda directa o indirecta, haya facilitado o intentado facilitar la entrada, circulación o estancia irregular de un extranjero en Francia".
Las protestas responden al llamado de cerca de 40 organizaciones de ayuda a los y las inmigrantes que se encuentran en Francia.
“Si la solidaridad es un delito, pedimos que nos condenen por este delito", señalaban las pancartas las pancartas de los manifestantes en París, Marsella, Estrasburgo y otras 80 ciudades francesas, en cuyas calles las ONGS organizadoras de la protesta congregaron a miles de personas para denunciar la norma.
De acuerdo con la convocatoria, cinco mil quinientas personas deben presentarse como prisioneras para denunciar una enmienda del Gobierno que prevé detener en 2010 igual número de ellas si son solidarias con los indocumentados.
Esta medida se inserta en una ley de más de 60 años que refiere el artículo L 622-1 del código de entrada y estancia de extranjeros en Francia.
A partir del mismo se castiga con cinco años de cárcel y 30 mil euros de multa a quien por ayuda directa o indirecta facilite la entrada, circulación o la residencia ilegal a un “sin papeles”.
El Ministro de Inmigración, Eric Besson, dijo ayer que los objetivos de condena sólo se refieren a las “personas que participan activamente en tráfico de clandestinos”.
Los particulares o voluntarios que se limitaron “a acoger, acompañar o albergar a estos grupos no serán perseguidos", expresó. Sin embargo, las asociaciones dudan que la enmienda no se extienda a los que ayuden o sean solidarios.
El objeto de la polémica es un artículo del código que regula la entrada y residencia de los extranjeros en Francia, concretamente el L622-1, que contempla penas de prisión y multas para "cualquier persona que, con ayuda directa o indirecta, haya facilitado o intentado facilitar la entrada, circulación o estancia irregular de un extranjero en Francia".
Kaos en la red.
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