Los presupuestos regionales para 2021 han puesto de nuevo en la actualidad informativa la urgencia de dotar a la provincia de Segovia de una unidad de radioterapia para evitar que este tratamiento obligue a los pacientes a trasladarse a provincias limítrofes.
Distinguir entre lo urgente y lo necesario, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se toman las decisiones, y más si estas se refieren a cuestiones que afectan a temas sensibles y a la mayoría de los ciudadanos, parece un ejercicio de responsabilidad imprescindible para los políticos que deben tomarlas y de las que deberían rendir cuentas. La sanidad pública segoviana tiene muchas carencias, todas necesarias y algunas especialmente urgentes. Las pruebas diagnosticas son un cuello de botella de la sanidad pública que exige contar con profesionales cualificados y tecnología adecuada, para todo ello se precisan medios materiales y humanos que deberían proporcionar nuestros gestores y legisladores, bajo imperativo mandato popular y democrático. Infradotar de recursos diagnósticos a nuestra sanidad y derivar estas mismas pruebas a empresas privadas que engordan sus cuentas de beneficios a costa de los impuestos de todos los ciudadanos, debería de ser calificado moralmente de malversación y desvío de fondos públicos.
Esto es lo que viene sucediendo de forma habitual y que se ha repetido hace muy poco en Segovia derivando enfermos al centro Los Tilos para hacer 598 ecografías y 384 resonancias entre los meses de octubre y noviembre. También se recurre a conciertos con la privada para realizar intervenciones con menores riesgos y que reportan un mayor margen de beneficios. Un ejemplo es lo ocurrido en Burgos con la firma por parte de Sacyl y Recoletas para la cesión de 5 quirófanos diarios durante 15 días en el centro sanitario de El Plantío, para la intervención de 59 pacientes que restar de la lista de espera de más de 500 enfermos con patologías no demorables, con un coste de 514.649 euros. Conviene señalar que estas actuaciones de canalización de recursos de la sanidad pública a la privada por incapacidad de la primera de atender convenientemente a la población que tienen encomendada no han sobrevenido con la pandemia, se vienen repitiendo de forma constante y sistemática desde hace años coincidiendo con la ofensiva neoliberal sobre los servicios públicos estatales.
Resulta evidente que ante la falta de respuesta por parte de la administración sanitaria, y en circunstancias que pueden comprometer la salud y la vida de las personas, se busque como solución sustitutoria acudir a cualquier entidad aseguradora privada de las muchas que se anuncian en los medios de comunicación, siempre que se cuente con capacidad para ello. El resto de la ciudadanía tiene que sufrir interminables listas de espera para que se realicen las pruebas que les han prescrito.
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