Teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que contiene normas sobre las cuales se ha pronunciado en contra, la práctica totalidad de los partídos políticos, sindicatos, magistrados, abogados penalistas y numerosas organizaciones sociales.
Teniendo en cuenta que veintiún años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana 1/92 también denominada "Ley Corcuera" –cuyo articulado fue revocado parcialmente por el Tribunal Constitucional-, el Gobierno del Partido Popular, ha presentado una reforma aún más regresiva en cuanto a los derechos civiles y libertades ciudadanas, y que sustituirá a la ley de 1992.
Teniendo en cuenta que se trata de un texto redactado en paralelo a la Ley de reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a eliminar la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
Dada la discrecionalidad que la ley otorga a la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000 €, y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, aspectos que definen a esta Ley como la "Ley Mordaza".
Dado que se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge la Constitución como derechos fundamentales. Las consecuencias del nuevo texto propuesto por el Gobierno significarán que acciones como la acampada del 15-M previa a las elecciones de 2011, un concierto de solidaridad que no cuente con todos los permisos, participar en acciones de la PAH para impedir un desahucio, discutir con un agente de la autoridad que se niega a identificarse o que se le recrimina una actuación ilegítima, descolgar una pancarta en un edificio público o la difusión de una concentración de protesta por una detención, serán objeto de sanciones. Además, al ser sanciones administrativas, la carga de la prueba se invierte y debe ser el acusado el que demuestre su inocencia en prevalecer el testimonio de un agente de la autoridad.
Dado que algunas de las conductas que serán reguladas por esta ley, nos indican que este proyecto de "Ley Mordaza", vuelve a situar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de "orden público", muy alejado de la concepción democrática de la seguridad.
Dada la plena vigencia de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y manifestación, el derecho de comunicar y recibir libremente información, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a las garantías procesales, los derechos de libertad sindical y de huelga, el derecho a la intimidad y el derecho a la pluralidad política e ideológica, con prohibición expresa de toda actuación administrativa discrecional, arbitraria o discriminatoria, y rechazando los intentos de cualquier gobierno de restringir injustificadamente el alcance de estos derechos y libertades fundamentales por medio de iniciativas legislativas.
Dado que las normas administrativas sancionadoras que tienen como finalidad la protección de la seguridad ciudadana no se deben emplear para restringir de forma arbitraria e injustificada el ejercicio de derechos fundamentales vinculados a la participación política de la ciudadanía.
Dado que la democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, y no una restricción de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, con la promoción de una vida digna, con la eliminación de las desigualdades sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.
Dado que esta Ley, regula conductas que ya tipificaba el código penal, y crea un nuevo estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno democrático.
Por todo lo expuesto, CCOO, Colectivo Republicano Antonio Machado, EQUO, Foro Social de Segovia, Marea Blanca en Segovia, PAH Segovia, Republicanos Segovia, Segoentiende, UGT, Podemos, Segovia de Izquierdas, I.U., UCCL, instan a los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Segovia que eleven y aprueben la siguiente
MOCIÓN
Primero.- Exigir al Gobierno de España, la retirada inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Segundo.- Mostrar nuestra mas rotunda oposición a la futura Ley de Seguridad Ciudadana, que tiene como finalidad restringir de manera arbitraria el derecho de manifestación pacífica de las reivindicaciones de los ciudadanos, pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica e invade claramente las competencias propias de la Junta de Castilla y león y de las Entidades Locales.
Tercero.- Mostrar el compromiso de este consistorio en el cumplimiento de las funciones de velar por la seguridad pública, siempre de forma coordinada con las autoridades competentes, y mostrar nuestro rechazo a que los funcionarios públicos de los cuerpos policiales sean instrumentalizados como elementos de represión de la protesta social.
Cuarto.- Exigir la dimisión del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Ley de Seguridad Ciudadana, de postulados preconstitucionales, y que son inconcebibles en una democracia.
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a los Portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los Portavoces de todos los grupos parlamentarios del las Cortes de Castilla y León y al Ministerio del Interior.
Prensa:
Colectivos segovianos piden la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana
