DEMANDA JUDICIAL PARA HACER CUMPLIR CON LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

ünica placa, que solventando muchas dificultade hasta poder
ponerla, recuerda a los republicanos segovianos represaliados.

Leer, en EL Adelantado de hoy, que el abogado Eduardo Ranz, denuncia al obispo de esta diócesis, a algunos alcaldes y a responsables de otras muchas prelaturas por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, produce sentimientos contradictorios: por un lado, la satisfacción de comprobar que alguien reclama ante los juzgados que, de una vez por todas, se cumpla la exigua ley; por otro, una enorme congoja, impregnada de indignación, al constatar que hay que acudir a los tribunales para que instituciones que se
reclaman democráticas, como los ayuntamiento (de la Iglesia mejor ni hablar), dejen de apoyar al franquismo, manteniendo en nuestras calles los elementos (nombre, placas…) que honran a quienes secundaron aquel golpe de estado que acabó con el régimen democrático de la II República y, tras el fin de la contienda, asesinó a miles de ciudadanos y ciudadanas.

Como dice Fernánz Gómez en «Las bicicletaas son para el verano», al referirse al final de la guerra, poniéndolo, en la película, en boca de Agstín González: «no ha llegado la paz, ha llegado la victoria». Esa victoria la administró la dictadura durante 40 años  con mano de hierro y todas las  bendiciones eclesiásticas y, después, en esto que conocemos como democracia, siguen administrando su memoria sus herederos ideológicos del PP con escasa oposición de los pusilánimes del PSOE; bien es cierto que un gobierno de este último partido abrió una pequeña gatera, aprobando la mencionada ley, por la que, aunque dejando pelos, quizás se puedan echar de nuestras calles honores indebidos y sacar a la luz la memoria de las víctimas de aquel régimen asesino.

Hay que dar la bienvenida la la demanda del letrado Ranz pero, al tiempo, exigir a las instituciones que cumplan con su obligación y hagan innecesario un largo proceso judicial.