Ciudadanos de Segovia se han reunido en el Acueducto este sábado 17 de marzo convocados por colectivos de todo el Estado en las movilizaciones en rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, la convocatoria está apoyada por más de cien colectivos, organizaciones y movimientos sociales, los cuales están impulsando acciones a nivel estatal e internacional para pedir el fin de esta ley que en marzo cumplirá 3 años de su aprobación.
Tal y como exponen en el comunicado de la convocatoria, las organizaciones adheridas están preocupadas porque “ninguno de los textos alternativos presentados en el Congreso para reformar esta ley recojan las demandas realizadas por la población, ni ofrezcan una regulación garantista para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución, o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las devoluciones en caliente, las cuales han sido condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
“El colectivo de pensionistas no es el único afectado, ya que las Leyes Mordaza están criminalizando a todos los movimientos sociales que luchan por la justicia social en diferentes causas”, denuncia la Plataforma No Somos Delito que lleva más de cuatro años denunciandolas vulneraciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, denominadas como Leyes Mordaza. La semana pasada, los Yayoflautas Madrid denunciamos la identificación de 3 personas de nuestro colectivo cuando desarrollábamos nuestra actividad de los lunes en la Puerta del Sol. Asimismo en el marco de la Huelga Feminista del 8 de marzo, hubo también personas afectadas por estas leyes en acciones desarrolladas en La Rioja donde una periodista de El Salto fue identificada por hacer una foto de espaldas a los policías o las tres mujeres detenidas la noche del 21 de febrero por pegar carteles en Valladolid.
Arbitrariedad y falta de garantías
La Plataforma No Somos Delito critica que la Leyes Mordaza “están trasformando al Estado que merece una ciudadanía democráticamente madura, en un Estado de represión, miedo, opresión y autocensura”. Desde la Plataforma denuncian que como consecuencia de estas leyes se están produciendo“condenas sesgadas ideológicamente contra la Libertad de Expresión o el Derecho a la Información, identificaciones y multas arbitrarias a personas que ejercen su derecho fundamental de reunión y expresión, abusos de poder, aumento de la inseguridad jurídica de la población, como resultado de unas leyes desproporcionadas con un articulado ambiguo y abierto a la libre interpretación de quienes las aplican”.
Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza. Las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “la negativa a identificarse” o “la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” ascienden a más de 10 millones euros. Es especialmente significativo el aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los 6 primeros meses de 2015 las multas por este motivo fueron un total de 3.130 por un valor de 469.203, en 2016 la cifra llegó a multiplicarse por seis, alcanzando las 19.497 multas, por un importe de más de 3 millones de euros. El total recaudado por este motivo en este periodo fue de 3,47 millones de euros. En 2016 de las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana alrededor de 34.000 podrían ser sanciones a conductas amparadas por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación.
Reformas a la Ley Mordaza sin cambios significativos
La posible reforma de esta ley en el Congreso, ha vuelto actualmente a la agenda política, tras el desbloqueo del proceso de tramitación de los proyectos presentados por PNV y PSOE hace más de un año. Desde que se anunciaron dichas reformas, organizaciones y colectivos sociales están trabajando conjuntamente para que las modificaciones que se lleven a cabo por los grupos parlamentarios respondan, según explican, “a unos mínimos que garanticen el libre ejercicio de los derechos fundamentales”. En este periodo, diversos colectivos entre los que se encuentra la Plataforma No Somos Delito, han estado siguiendo de cerca el proceso parlamentario de reforma de la Ley Mordaza y denunciando el peligro de que “esta oportunidad de derogar una ley que nos amordaza, y mejorar nuestro sistema de libertades públicas, se convierta finalmente en un mero maquillaje legislativo y oportunista, sin aportes significativos que eliminen la arbitrariedad y falta de garantías actual“.
Dentro de este marco, el Grupo de Análisis de la Plataforma No Somos Delito, formado por más de 15 juristas, ha impulsado la redacción de una propuesta apoyada por más de 40 colectivos, que recoge los 10 principios básicos de una legislación que garantice la Seguridad Jurídica y la protección del ejercicio de los Derechos Humanos. Propuesta que pretende ser llevada al Congreso para abrir “un debate público con los grupos parlamentarios sobre qué entendemos por seguridad ciudadana”, anuncia No Somos Delito.
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