El 27 de febrero de 1976, en Bir Lehlu, Territorios Liberados del Sahara Occidental, en el momento en que España iniciaba uno de los episodios más vergonzosos de su historia reciente abandonando su provincia número 53 en manos de Marruecos y Mauritania, el Pueblo Saharaui “Consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a los pueblos o impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial….
Convencido de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional…
Y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para el logro del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos …”(*), proclamaba la constitución de un Estado libre, independiente y soberano, y solicitaba a la comunidad internacional “su reconocimiento y su colaboración en la construcción y el desarrollo de este nuevo país para garantizar en él la dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la persona humana”.(*).
Transcurridos 49 años de ese llamamiento, una parte del Pueblo Saharaui continúa bajo la ocupación marroquí, y otra refugiada en la hamada argelina de Tinduf o dispersa en la diáspora, con una comunidad internacional que sigue haciendo oídos sordos o que se alinea con las tesis del ocupante, como es el caso del Gobierno de España.
Es por eso que se aprovecha este aniversario, que llega en un año en el que el Gobierno tiene previsto celebrar los 50 años del principio del fin de la dictadura en nuestro país, para recordarle que entre las asignaturas pendientes que arrastra nuestra democracia, está la de asumir las responsabilidades éticas y legales que le corresponden como potencia administradora de iure del territorio y exigir al Presidente Sánchez que abandone la política de sumisión a los intereses de Marruecos y lidere un proceso que conduzca a la realización de un referéndum de autodeterminación, tal y como establece la legalidad internacional en materia de descolonización.
(*) (Extracto de la Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui Democrática)
Convencido de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional…
Y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para el logro del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos …”(*), proclamaba la constitución de un Estado libre, independiente y soberano, y solicitaba a la comunidad internacional “su reconocimiento y su colaboración en la construcción y el desarrollo de este nuevo país para garantizar en él la dignidad, la prosperidad y las aspiraciones de la persona humana”.(*).
Transcurridos 49 años de ese llamamiento, una parte del Pueblo Saharaui continúa bajo la ocupación marroquí, y otra refugiada en la hamada argelina de Tinduf o dispersa en la diáspora, con una comunidad internacional que sigue haciendo oídos sordos o que se alinea con las tesis del ocupante, como es el caso del Gobierno de España.
Es por eso que se aprovecha este aniversario, que llega en un año en el que el Gobierno tiene previsto celebrar los 50 años del principio del fin de la dictadura en nuestro país, para recordarle que entre las asignaturas pendientes que arrastra nuestra democracia, está la de asumir las responsabilidades éticas y legales que le corresponden como potencia administradora de iure del territorio y exigir al Presidente Sánchez que abandone la política de sumisión a los intereses de Marruecos y lidere un proceso que conduzca a la realización de un referéndum de autodeterminación, tal y como establece la legalidad internacional en materia de descolonización.
(*) (Extracto de la Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui Democrática)

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